Abogados especialistas en derecho laboral

El TJUE ha dictaminado que la Incapacidad Permanente Total no puede justificar automáticamente la extinción del contrato de trabajo. El empresario debe realizar ajustes razonables para mantener el empleo del trabajador, salvo que ello implique una carga excesiva. Esta decisión se basa en la incompatibilidad del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores con el derecho de la Unión, la Directiva 2000/78 y la Convención de la ONU sobre discapacidad, que prohíben la discriminación y exigen medidas de adaptación para garantizar la integración laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha validado el uso de videovigilancia encubierta ante sospechas fundadas de sustracción de material de la empresa. La sentencia concluye que, pese a la falta de información previa, la grabación es lícita por ser un medio idóneo, necesario y proporcional para acreditar los hechos. Se destaca que la empresa tenía sospechas razonables de un ilícito, no había alternativas menos invasivas y la afectación a la intimidad fue mínima. Un voto particular disiente, al considerar que las sospechas no justificaban la medida y que existían alternativas menos intrusivas.

El Tribunal Supremo ha flexibilizado el plazo de caducidad para impugnar despidos colectivos encubiertos. La sentencia establece que el plazo de 20 días no comienza con las últimas extinciones, sino cuando los representantes de los trabajadores tienen conocimiento fehaciente de ellas. En este caso, el TS anula la decisión previa del TSJ de Madrid al considerar que la demanda se presentó dentro del plazo, tomando como referencia la fecha en que el sindicato recibió la información oficial. Esta doctrina se alinea con la jurisprudencia del TJUE sobre el cómputo de despidos colectivos.